Principios fundamentales para la reforma de la educación superior

Principios fundamentales para la reforma de la educación superior

La reforma de la educación superior es el nuevo y crucial desafío del país a más de dos décadas de haberse producirse el viraje radical en el ordenamiento político nacional y de haberse producido uno de los intentos de reforma mas profundos de la educación básica y media. El tiempo transcurrido, así como las profundas transformaciones que se dieron en el escenario internacional, regional y local, en la actualidad brindan un marco radicalmente diferente.

La educación superior sobre la cual se reinicia el debate en la actualidad, requiere de una definición clara y precisa con respecto a la opción a seguir principalmente por la fuerte contraposición entre los paradigmas que disputan su legitimidad. Cada una de las alternativas implica dos maneras contrastantes de concebir el papel del Estado y, por consiguiente, de las atribuciones que se le asignan. En el modelo neo-liberal el margen de intervención del Estado se reduce a límites mínimos, lo cual deja a la institución universitaria al juego de la competencia y al arbitrio exclusivo de quienes ejercen su gestión. En tales condiciones, la oferta educativa surge de la propia demanda, y por lo tanto, es la lógica del mercado la que sirve de sustento a la restructuración académica y el tipo de financiamiento.

En tal circunstancia se deben considerar los siguientes fundamentos:

1.- Es responsabilidad intransferible del Estado nacional definir y garantizar la educación en todos sus niveles y en la actual circunstancia, asumir plenamente la reforma de la educación superior como su principal prioridad;

2.- La reforma de la educación superior forma parte indisoluble del proceso de reforma del Estado y, por lo tanto dicha reforma conlleva como requerimiento el de proceder a una inmediata reformulación de las funciones del estado en relación a la educación en general y a la del nivel superior en particular.
3.- La educación superior forma parte del sistema educativo nacional y en tal sentido el estado debe posibilitar y asegurar su más plena integración.

4.- La autonomía universitaria constituye la base fundamental para el funcionamiento de la institución universitaria. Por consiguiente, el Estado debe garantizar y fortalecer dicho principio, creando las condiciones que posibiliten el mayor margen de libertad académica.

5.- A la universidad pública le corresponde un papel central en la transformación del sistema de educación superior, entre otras razones, porque sus recursos provienen del aporte de la sociedad.

6.- Le corresponde al Estado definir las responsabilidades y condiciones que, en el marco constitucional de la libertad de enseñanza y aprendizaje, garantice a las instituciones de gestión privada una plena participación en el campo de la investigación, la docencia y la extensión.

7.- El Estado nacional, por intermedio de las autoridades correspondientes, deberá considerar la reforma de la educación superior como la principal prioridad en vista a encarar un repunte urgente del desarrollo nacional.

8.- La equidad social constituye uno de los fundamentos esenciales de la reforma de la educación superior, de tal forma que la misma contribuya de manera directa a disminuir las condiciones de extrema desigualdad que prevalecen en la esfera educativa y en la sociedad nacional.

Ley de Educación Superior

Ley de Educación Superior

A pesar de los innumerables esfuerzos realizados en los últimos tiempos no se ha podido promulgar la Ley de Educación Superior y por lo que se percibe este año ya no será prioridad y el año entrante con las elecciones y el nuevo parlamento tampoco se avizora un futuro prometedor. 

Una herramienta necesaria

La Ley de Educación Superior es la herramienta necesaria para que el sub-nivel educativo pueda iniciar los procesos de reformas tan necesarios en el sector, es el respaldo legal que definirá y establecerá conceptos indispensables para una educación terciaria seria y de calidad.

El cambio no se da de inmediato se necesitaría un arduo trabajo posterior a la promulgación por lo cual el tiempo de espera para que los resultados esperados puedan ser visualizados por la sociedad en general es aún mayor y en un alto porcentaje incierto.

Diferentes proyectos

En el transcurso de estos más de tres años se ha discutido, consensuado y han salido a la luz diferentes proyectos, sin embargo en virtud a los constantes cambios producidos por la coyuntura reinante cada cierto periodo de tiempo se vuelve a foja cero y se inicia de nuevo el proceso, es importante que aprendamos a respetar el tramo recorrido y que podamos sacar el mayor provecho de ello y en consecuencia entendamos que los tiempos para la discusión, las conferencias, ponencias, etc., se van acabando y es hora de capitalizar todo el trabajo realizado promulgando la tan ansiada nueva Ley.

Todos los proyectos presentados a la discusión han sido en diferente medida cuestionada y mejorada en virtud de ello, de allí la riqueza de los mismos.

Urgencia innegable

La necesidad de una nueva ley en el ámbito es innegable, y por ello sus principales instancias deberían hacerse sentir exigiendo su promulgación.

Profesores, estudiantes, egresados y sociedad en general son los mayores interesados en que de las instituciones de educación superior egresen profesionales de primer nivel que aseguren un servicio de calidad y promuevan el crecimiento económico y social desde el lugar que les corresponda en la sociedad.

Periodo legislativo 

Lo ideal es que la ley sea sancionada en este periodo legislativo pues así se daría el primer y porque no el más importante paso para la tan anhelada reforma de la educación superior, el nuevo parlamento de ser necesario podría introducir modificaciones buscando mejorar lo ya promulgado, asimismo la sociedad en general iniciaría el proceso de acompañamiento y control del proceso.